La atención socioeducativa debe de estar garantizada para la ciudadanía en la futura ley de Servicios Sociales.

El colegio profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias alerta que, en el proyecto de la Ley de Servicios Sociales, la falta de profesionales especializados en Educación Social perpetúa el carácter asistencialista ante las demandas y necesidades de la ciudadanía en nuestra Comunidad Autónoma, impidiendo pasar del asistencialismo a los derechos.

El Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias (CEESCAN) hace un llamamiento a los grupos políticos para que en el proyecto de ley de Servicios Sociales se incluya, inequívocamente, el perfil profesional del Educador Social en los equipos base de intervención social y advierten que el texto analizado en el Parlamento está obsoleto en relación a las demandas y necesidades de la ciudadanía en nuestra Comunidad Autónoma, y a las pretensiones de esta Ley, al obviar a esta especialidad básica para la prevención, integración y promoción socioeducativa de la ciudadanía.

Desde el Colegio Profesional se celebra que haya un nuevo proyecto, tras más de tres décadas, pero lamentan que no se haya incluido una apuesta inequívoca en aras de impulsar la profesionalización dentro de un sistema integral que supere el asistencialismo y la falta de profesionales para garantizar los equipos interdisciplinares, formados, al menos por las figuras del Educador Social, Trabajador Social y Psicólogo.

En su momento se permitió a los Colegios Profesionales, al igual que a otras entidades, hacer alegaciones, pero solo fueron atendidas mínimamente y no en los elementos esenciales y más importantes, no estableciéndose en el catalogo de prestaciones de servicios sociales garantizados la intervención socioeducativa con individuos, grupos, familias, comunidad…, en sus diferentes ámbitos que le son propios: individual, familiar, comunitarios…, al objeto de promover en la ciudadanía, sus capacidades y competencias, impulsando una atención, orientación e implicación socioeducativa que promueva y dote a cada persona de los medios y estrategias necesarios que le permitan mecanismos de ayuda, empoderamiento, colaboración y apoyo para su inserción e integración social, que va más allá, y con mayor nivel de alcance y de impacto en su bienestar, de las prestaciones asistencialistas; siendo la base del texto en su preámbulo, pero que no desarrolla, estando falto de la evaluación y atención socioeducativa.

Es necesario enfatizar que la pedagogía social, a través de la intervención socioeducativa, dota a cada persona y grupo de los recursos y estrategias necesarias que le permitan un desarrollo equilibrado individual y como ciudadano, que impulse la mejora de su situación personal, familiar, laboral, escolar y su inserción social, mejorando su calidad de vida y su bienestar; y esto, pese a estar recogido en la filosofía del documento, no se traduce en su implicación a lo largo del articulado del Proyecto de Ley, al no impulsar el equipo interdisciplinar, por lo que la Ley está abocada al fracaso, al ser incapaz de desarrollar los fines y objetivos dispuestos en su preámbulo.

Para atender el riesgo de pobreza y exclusión social en los municipios de nuestra Comunidad Autónoma, y las necesidades que de ello se deriva -recordemos que se sitúa en un 35%-, debe existir la conciencia de esta problemática, la decisión de resolverla a través de una acción política integral, la necesidad de intervenir dentro de un marco interdisciplinar y, finalmente, la dotación de profesionales de la educación social para ejecutar dicha acción socioeducativa.

Pero también afirmamos que es un proyecto de Ley que no organiza, que dificulta el entendimiento de la estructura de los Servicios Sociales, y en el caso de quedarse como está, provocará mucha confusión e incertidumbre en su funcionamiento. La poca claridad existente en la estructura del Sistema Público de Servicios Sociales contrarresta con lo aportado en las diferentes leyes autonómicas en vigor en otros territorios.

Desde el Colegio Profesional, se analiza como prioritaria la labor del trabajador social, como un profesional de vital implicación en los Servicios Sociales de Base, aunque la complejidad de los problemas en los servicios primarios de intervención social requieren de una acción integral e interdisciplinar, siendo necesaria la implicación de la pedagogía social, para el diagnóstico y logro de los objetivos que requieren las situaciones que viven los ciudadanos, familias, grupos y comunidad en nuestro territorio, sin reducirlo única y exclusivamente al rol del trabajador social, tal y como contempla claramente el último borrador del Proyecto.

Desde CEESCAN consideramos que de no integrarse la mirada de la pedagogía social, a través de los profesionales de la Educación Social, se estaría abocando al fracaso de la propia Ley, dado que no se podría cumplir con los objetivos marcados en el propio Proyecto, quedando meramente como una bonita declaración de intenciones y lo que es peor, no se podría atender las necesidades de las personas y la prevención de los problemas sociales.

Francisco Rodríguez Reyes, Presidente

Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias